Torpeza en la ruta de un senador
Encuesta televisiva: Giradi genera más de 97% de rechazo ciudadano
Patricio Araya G.
Periodista
Indignados televidentes del Telediario Interactivo (RED TV) se pronunciaron este jueves a través de una categórica y tajante encuesta de opinión en contra de la actitud del senador Guido Girardi, respecto a las consecuencias de una infracción cometida por su chofer en la Ruta 68, el pasado 19 de noviembre. Frente a la pregunta planteada por el espacio informativo: Senador Girardi protesta por parte a exceso de velocidad… ¿Reclamo justo o denuncia inaceptable?, un 97,3% de los encuestados la consideró como una denuncia inaceptable, rechazando de esta forma la postura del senador Girardi, quien llamó a la subsecretaria de Carabineros, Javiera Blanco, para quejarse por el supuesto mal trato recibido por los carabineros que le cursaron el parte, consiguiendo que los uniformados fueran sancionados con dos días de arresto.
Este golpe de vergonzoso autoritarismo dado por un político, nada menos que vicepresidente de su partido (PPD), no sólo amerita el rechazo ciudadano reflejado en la referida encuesta, sino que debería provocar una discusión más amplia, pues, de hacerse un hábito esta forma de resolver las cosas más simples, nuestra alicaída democracia estaría en serio riesgo, en especial, considerando lo precario que a estas alturas resulta el precepto constitucional de igualdad ante la ley. Más bien suena como un chiste de mal gusto. Es la democracia de los telefonazos.
¿Es posible que una infracción por exceso de velocidad cometida en una carretera movilice a los tres poderes del Estado? (¡Pobre Montesquieu!, tanto que se afanó con esa gabela de la separación de los poderes, ¿pa’ qué, digo yo?) Depende. Si el infractor es un ciudadano común y corriente, el tema –de no existir lesionados– sólo debería remitirse a la autoridad competente, es decir, Carabineros y el Juzgado de Policía Local respectivo; pero, si el infractor es un patricio –como se sienten muchos de nuestros tribunos criollos–, la cosa cambia de manera radical.
El parte que recibió el pasado 19 de noviembre el chofer del senador Guido Girardi, por conducir a 136 kilómetros por hora en la Ruta 68, habría pasado como un mero incidente, cuando más, una anotación en su hoja de vida como conductor. Sin embargo, su jefe, no trepidó en articular sus redes de poder y poner en marcha todo el aparato público. Al sentirse menoscabado en su condición de senador –ignorada por los carabineros al momento de notificar a su chofer– Girardi no dudó en telefonear a la subsecretaria de Carabineros, Javiera Blanco, a quien le habría expresado su malestar por un supuesto trato inadecuado brindado por los carabineros. La osadía de Girardi va más allá del llamado a la subsecretaria, él se salta todos los conductos regulares, no pide hablar con el comisario de los policías, ni con el prefecto de la zona, ni mucho menos, con el General Director, va hasta donde su lógica del poder le indica, acude a la instancia más alta que tiene a mano, sólo le resta hablar con el ministro de Defensa. El resultado de su llamado rinde frutos: los carabineros fueron sancionados con dos días de arresto prestando servicios, más las respectivas anotaciones demérito en sus hojas de vida, lo que les causará efectos en sus carreras funcionarias.
Girardi aseguró en distintos medios que su intención no era evitar la multa, que su reclamo sólo obedecía al hecho de no sentirse tratado de la misma forma que otras comitivas que lo adelantaron a mayor velocidad en la misma ruta, las que no habrían sido fiscalizadas por los efectivos policiales. Entonces, ¿para qué llamó a Blanco? Sin duda lo hizo para marcar una diferencia, para dejar en claro que él es un senador y, en consecuencia, debe ser tratado con guante blanco. Es más, si otros cometen infracciones y no son sancionados, ¿por qué no él? También resulta inexcusable la actitud del senador si se considera la acción de exhibir sus credenciales a la policía como un recurso para “ablandar” la fiscalización.
En un abrir y cerrar de ojos, un miembro del Poder Legislativo acude a una representante del Poder Ejecutivo, a lo que debe sumarse, a su turno, el consecuente involucramiento del Poder Judicial a la hora de fijar la multa y establecer la sanción al conductor (supongamos que le suspendieron la licencia de conducir por exceso de velocidad, según corresponde). Y, hoy, para nuestra sorpresa, el propio vocero de gobierno, el ministro Francisco Vidal, también se involucra en el hecho, haciendo una declaración de buena crianza sobre el ejemplo que deberían dar las autoridades, respecto a sus actuaciones. Nada dijo de los carabineros infraccionados a raíz del llamado del senador. De ello se colige que los anónimos policías no cuentan con la fianza del gobierno, a diferencia del parlamentario en cuestión. Ya no está el general Bernales para defender a sus hombres.
La reflexión debería ser mucho más profunda que preguntarnos hasta qué punto un político es capaz de mover sus redes de poder con tal de salvar de una incómoda situación; del mismo modo, deberíamos preguntarnos si los chilenos comunes y corrientes tenemos al alcance de la mano el teléfono de un alto funcionario de gobierno para reclamar cuando nos sintamos menoscabados en nuestros derechos, y si estamos en condiciones de ser reparados con tan altos estándares de justicia instantánea.
Más allá de estas interrogantes, deberíamos dudar de quienes aspiran a mayores investiduras, si enfrentados al menor problema, acuden a su poder incontrarrestable para ejercer sus derechos. Estamos en presencia de un acontecimiento grave. Si esto no es tráfico de influencias, ¿qué es? Seamos sinceros, no estamos en el país de las maravillas. Cada cual utiliza sus redes o redecillas de podercillo a su turno. Pero tampoco seamos pacatos ni más papistas que el Papa, ni pontifiquemos por deporte. Tampoco nos escandalicemos por la corrupción de otros países, ni pretendamos ser los finlandeses del barrio. Las diferentes denuncias de corrupción a todo nivel que hemos conocido en los últimos años, ponen en duda el futuro democrático del país, y a sus cultores como los eventuales responsables de su potencial quiebre.
La escritora e investigadora mejicana, Sara Sefchovich, acaba de lanzar –tras 16 años de estudio del tema– un gran libro: "El país de las mentiras", texto en el que trata de responder preguntas como: ¿Por qué se miente en México? ¿Por qué la mentira está en todo? ¿Por qué aceptamos el engaño como forma de gobierno? (La Jornada, México, 26/11/08). ¿Qué tanto mentiremos los chilenos, nuestros políticos?, sería una buena pregunta. Si el senador Girardi asegura que su intensión no era “sacarse” el parte, ¿cuál era su intención ulterior? ¿nos estará diciendo la verdad? Yo no le creo.
En rigor, este hecho permite, una vez más, dejar en evidencia la arrogancia del poder mal entendido, y siembra la indignación de quienes hemos delegado nuestra soberanía en representantes cuyos modos de actuar, dejan mucho que desear.
Patricio Araya G.
Periodista
Indignados televidentes del Telediario Interactivo (RED TV) se pronunciaron este jueves a través de una categórica y tajante encuesta de opinión en contra de la actitud del senador Guido Girardi, respecto a las consecuencias de una infracción cometida por su chofer en la Ruta 68, el pasado 19 de noviembre. Frente a la pregunta planteada por el espacio informativo: Senador Girardi protesta por parte a exceso de velocidad… ¿Reclamo justo o denuncia inaceptable?, un 97,3% de los encuestados la consideró como una denuncia inaceptable, rechazando de esta forma la postura del senador Girardi, quien llamó a la subsecretaria de Carabineros, Javiera Blanco, para quejarse por el supuesto mal trato recibido por los carabineros que le cursaron el parte, consiguiendo que los uniformados fueran sancionados con dos días de arresto.
Este golpe de vergonzoso autoritarismo dado por un político, nada menos que vicepresidente de su partido (PPD), no sólo amerita el rechazo ciudadano reflejado en la referida encuesta, sino que debería provocar una discusión más amplia, pues, de hacerse un hábito esta forma de resolver las cosas más simples, nuestra alicaída democracia estaría en serio riesgo, en especial, considerando lo precario que a estas alturas resulta el precepto constitucional de igualdad ante la ley. Más bien suena como un chiste de mal gusto. Es la democracia de los telefonazos.
¿Es posible que una infracción por exceso de velocidad cometida en una carretera movilice a los tres poderes del Estado? (¡Pobre Montesquieu!, tanto que se afanó con esa gabela de la separación de los poderes, ¿pa’ qué, digo yo?) Depende. Si el infractor es un ciudadano común y corriente, el tema –de no existir lesionados– sólo debería remitirse a la autoridad competente, es decir, Carabineros y el Juzgado de Policía Local respectivo; pero, si el infractor es un patricio –como se sienten muchos de nuestros tribunos criollos–, la cosa cambia de manera radical.
El parte que recibió el pasado 19 de noviembre el chofer del senador Guido Girardi, por conducir a 136 kilómetros por hora en la Ruta 68, habría pasado como un mero incidente, cuando más, una anotación en su hoja de vida como conductor. Sin embargo, su jefe, no trepidó en articular sus redes de poder y poner en marcha todo el aparato público. Al sentirse menoscabado en su condición de senador –ignorada por los carabineros al momento de notificar a su chofer– Girardi no dudó en telefonear a la subsecretaria de Carabineros, Javiera Blanco, a quien le habría expresado su malestar por un supuesto trato inadecuado brindado por los carabineros. La osadía de Girardi va más allá del llamado a la subsecretaria, él se salta todos los conductos regulares, no pide hablar con el comisario de los policías, ni con el prefecto de la zona, ni mucho menos, con el General Director, va hasta donde su lógica del poder le indica, acude a la instancia más alta que tiene a mano, sólo le resta hablar con el ministro de Defensa. El resultado de su llamado rinde frutos: los carabineros fueron sancionados con dos días de arresto prestando servicios, más las respectivas anotaciones demérito en sus hojas de vida, lo que les causará efectos en sus carreras funcionarias.
Girardi aseguró en distintos medios que su intención no era evitar la multa, que su reclamo sólo obedecía al hecho de no sentirse tratado de la misma forma que otras comitivas que lo adelantaron a mayor velocidad en la misma ruta, las que no habrían sido fiscalizadas por los efectivos policiales. Entonces, ¿para qué llamó a Blanco? Sin duda lo hizo para marcar una diferencia, para dejar en claro que él es un senador y, en consecuencia, debe ser tratado con guante blanco. Es más, si otros cometen infracciones y no son sancionados, ¿por qué no él? También resulta inexcusable la actitud del senador si se considera la acción de exhibir sus credenciales a la policía como un recurso para “ablandar” la fiscalización.
En un abrir y cerrar de ojos, un miembro del Poder Legislativo acude a una representante del Poder Ejecutivo, a lo que debe sumarse, a su turno, el consecuente involucramiento del Poder Judicial a la hora de fijar la multa y establecer la sanción al conductor (supongamos que le suspendieron la licencia de conducir por exceso de velocidad, según corresponde). Y, hoy, para nuestra sorpresa, el propio vocero de gobierno, el ministro Francisco Vidal, también se involucra en el hecho, haciendo una declaración de buena crianza sobre el ejemplo que deberían dar las autoridades, respecto a sus actuaciones. Nada dijo de los carabineros infraccionados a raíz del llamado del senador. De ello se colige que los anónimos policías no cuentan con la fianza del gobierno, a diferencia del parlamentario en cuestión. Ya no está el general Bernales para defender a sus hombres.
La reflexión debería ser mucho más profunda que preguntarnos hasta qué punto un político es capaz de mover sus redes de poder con tal de salvar de una incómoda situación; del mismo modo, deberíamos preguntarnos si los chilenos comunes y corrientes tenemos al alcance de la mano el teléfono de un alto funcionario de gobierno para reclamar cuando nos sintamos menoscabados en nuestros derechos, y si estamos en condiciones de ser reparados con tan altos estándares de justicia instantánea.
Más allá de estas interrogantes, deberíamos dudar de quienes aspiran a mayores investiduras, si enfrentados al menor problema, acuden a su poder incontrarrestable para ejercer sus derechos. Estamos en presencia de un acontecimiento grave. Si esto no es tráfico de influencias, ¿qué es? Seamos sinceros, no estamos en el país de las maravillas. Cada cual utiliza sus redes o redecillas de podercillo a su turno. Pero tampoco seamos pacatos ni más papistas que el Papa, ni pontifiquemos por deporte. Tampoco nos escandalicemos por la corrupción de otros países, ni pretendamos ser los finlandeses del barrio. Las diferentes denuncias de corrupción a todo nivel que hemos conocido en los últimos años, ponen en duda el futuro democrático del país, y a sus cultores como los eventuales responsables de su potencial quiebre.
La escritora e investigadora mejicana, Sara Sefchovich, acaba de lanzar –tras 16 años de estudio del tema– un gran libro: "El país de las mentiras", texto en el que trata de responder preguntas como: ¿Por qué se miente en México? ¿Por qué la mentira está en todo? ¿Por qué aceptamos el engaño como forma de gobierno? (La Jornada, México, 26/11/08). ¿Qué tanto mentiremos los chilenos, nuestros políticos?, sería una buena pregunta. Si el senador Girardi asegura que su intensión no era “sacarse” el parte, ¿cuál era su intención ulterior? ¿nos estará diciendo la verdad? Yo no le creo.
En rigor, este hecho permite, una vez más, dejar en evidencia la arrogancia del poder mal entendido, y siembra la indignación de quienes hemos delegado nuestra soberanía en representantes cuyos modos de actuar, dejan mucho que desear.
posted by Patricio Araya González @ 10:02 AM
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